Los recientes hechos relacionados con el apresamiento del tirano Maduro han hecho que vuelva a reflotar uno de los temas más recurrentes en la filosofía: el de los fines y los medios.
Obviando a los izquierdistas y a otro tipo de colectivistas que han defendido la legitimidad del régimen chavista por mera ideología o dogma, es también cierto que muchos de los pertenecientes al llamado mundo de las ideas de la libertad se han mostrado reticentes ante la acción militar del gobierno americano.
Estas personas, presumiblemente respetables, exponen argumentos que no atañen al fondo del asunto. Se pierden en legislación y otros documentos del Estado, así como de entidades supraestatales, sin reflexionar sobre si dicha legislación es racional y legítima.
Desde mi perspectiva, el tema de la legislación, así como el del derecho internacional, es totalmente anecdótico si esta legislación y el derecho internacional no tienen como objetivo defender la libertad individual. Por análisis económico, me siento inclinado a pensar que dichos documentos van más en la línea de defender los intereses de los Estados y de quienes los conforman que de resguardar la libertad individual y los derechos de propiedad.
Consecuentemente, dado que considero a la libertad individual y los derechos de propiedad como bienes, primeramente, en sí mismos y, además, como bienes útiles, sostengo que, si la legislación y el derecho tienen un motivo de existencia, este debe ser el de resguardar estos bienes.
Analicemos, pues, desde esta perspectiva, el acontecimiento particular de la captura de Maduro, y universalicémoslo hacia una máxima sobre los fines legítimos y qué medios deben emplearse para alcanzarlos.
Este suceso puede leerse en dos dimensiones que no son antagónicas, pero sí diferentes: 1) se ha derrocado a un tirano; 2) un Estado ha quitado al gobernante de otro Estado porque no compartían prácticas.
Sobre la primera lectura, sería prudente iniciar por definir qué es un tirano y si Maduro entra en esa categoría. Aristóteles, en su Política, fue uno de los primeros en brindarnos una definición de qué se entiende por un régimen de gobierno de carácter tiránico. Señala que «la tiranía, como acabo de decir, es el gobierno de uno solo, que reina como señor sobre la asociación política».
Dado que Maduro estuvo casi 13 años en el poder, se aferró a él utilizando como legitimación elecciones democráticas fraudulentas, violentó brutalmente a quienes le hacían oposición en protestas ciudadanas y medios como Reuters indican que Maduro, aparentemente, tenía una reserva de más de 100 toneladas de oro en un banco suizo, además de numerosas propiedades de lujo y, en general, notorios signos de enriquecimiento exorbitante por el uso del poder político, entonces sí entra en la definición de tirano planteada por Aristóteles.
Teniendo esto claro, cabe analizar si la proposición general «un tirano fue derrocado» es un bien, para posteriormente aplicarla a «el tirano Maduro fue derrocado». Si se sabe que en la tiranía el gobernante prioriza su interés por sobre el de los ciudadanos, aun cuando esto implique pasar por sobre la propiedad y la libertad individual de los mismos, entonces sí es bueno que un tirano sea derrocado.
Dado que no existe ningún argumento racional por el cual un hombre pueda atentar contra la propiedad y libertad de otro para satisfacerse a sí mismo o a cualquier otro, todo aquel que cometa la acción de violentar la propiedad ajena es criminal; por tanto, es justo que se ajuste al criminal para que cese su acción y reponga los daños causados. De este modo, si se sabe que la tiranía es una forma de gobierno criminal y, además, se sabe que es justo que se castiguen los actos criminales y a quienes los perpetran, es propio decir que es justo deponer a los tiranos.
El escolástico Juan de Mariana lo ilustra de la siguiente manera en Del rey y la institución real: «No es posible ignorar su maldad cuando trastornan toda la comunidad, se apoderan de las riquezas de todos, menosprecian las leyes y la religión del reino (…) Si un príncipe se apoderó de la república por la fuerza de armas, sin derecho alguno y sin que interviniera el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera del gobierno y de la vida. Pues es un enemigo público que provoca todo género de males a la patria».
Vimos que derrocar a un tirano es bueno; entonces, si Maduro es un tirano, su derrocamiento es bueno también. Veamos ahora si es buena la segunda proposición: «un Estado ha quitado al gobernante de otro Estado porque no compartían prácticas».
Primeramente, si se sabe que la injusticia de la tiranía reside en el saqueo a la propiedad de sus ciudadanos y la subyugación de su libertad, entonces puede decirse con propiedad que cualquier forma de gobierno que incurra en estos males será injusta también.
Tomando la distinción del filósofo Hans-Hermann Hoppe en The Idea of a Private Law Society entre gobiernos de orden público y de orden privado, siendo los primeros, entre otras características, aquellos que se financian por medios coercitivos y ofrecen servicios monopólicos; y los segundos, aquellos que se financian por medio del intercambio y ofrecen servicios en competencia, podemos deducir con facilidad que un gobierno tiránico será siempre de orden público.
Lo particular de esta definición es que otras formas de gobierno, como el democrático, también pueden catalogarse como de orden público, pues aunque en una la legitimación sea el voto popular y en otro la fuerza, la forma de obtención de recursos es coercitiva en ambos.
Si se sabe esto, podría señalarse que los mismos argumentos que se han usado para señalar como bueno el derrocamiento de un gobierno tiránico pueden utilizarse también para ver un bien en el derrocamiento de un gobierno democrático. Si el motivo que hace injusta a la tiranía está también en la democracia, entonces esta es igualmente injusta, aunque busque legitimarse de una manera más refinada.
Teniendo esto en cuenta, podemos leer la proposición anteriormente citada —«un Estado ha quitado al gobernante de otro Estado porque no compartían prácticas»— como la siguiente: un gobierno injusto ha quitado al gobernante de otro gobierno injusto porque no compartían prácticas. Cuando se mira de esta manera, parece no haber un imperativo ético en el enunciado, sino solo un juego de poder.
En nuestro caso particular, a la fecha, según la acusación federal (caso que viene de un proceso iniciado en 2020), a Nicolás Maduro lo están llevando ante una corte federal en Nueva York por cargos como: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE. UU. y delitos de armas (incluida posesión y conspiración para poseer ametralladoras y «dispositivos destructivos»). Esto, si nos damos cuenta, no refleja los males propios de una tiranía, sino actividades económicas que la organización monopólica —gobierno de Estados Unidos— no permite dentro de sus fronteras (o, a veces, fuera de ellas también).
Si se analiza racionalmente el narcotráfico y la tenencia de armas, nos damos cuenta de que son crímenes solo cuando los Estados los prohíben, no porque así lo indique el juicio.
Mientras que acciones como el asesinato, el robo o la estafa pueden deducirse como incorrectas por el principio del imperativo categórico, la comercialización de ciertos bienes (drogas) y la posesión de otros (drogas y armas) no pueden juzgarse de la misma manera. Siempre y cuando estos bienes hayan sido producidos o adquiridos por medios legítimos, la razón no evidencia ningún crimen en poseerlos e intercambiarlos.
De este modo, nos damos cuenta de que el encarcelamiento de Maduro responde a juegos de poder entre dos males, el Estado de Venezuela y Estados Unidos: no hay justicia en su detención y su juicio no es por tirano (que, como vimos anteriormente, sí lo es), sino por comerciar sin la licencia de la organización monopolista Estados Unidos.
Igualmente, fuera del juicio analítico, las cosas han ocurrido como han ocurrido y los hechos son que militares estadounidenses han capturado al tirano Nicolás Maduro (bajo los motivos que sean), quien ahora aguarda su juicio y probable condena.
Parece casi contra el sentido común mostrarse en contra, y más cuando los opinólogos pragmáticos abundan en todos los medios de comunicación. Es por ello que he hecho un desglose riguroso de la situación, para no ser tachado ni de chavista ni de defensor del régimen.
El economista Henry Hazlitt escribe en su Economía en una lección que «el arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores».
Esto, que es válido para la economía, me parece que lo es también para la política y, sospecho, para la ética. Quizás una versión más filosófica de la lección de Hazlitt puede ser la siguiente: cuando alcanzas un fin justo con medios injustos, no es el fin justo el que se legitima (pues ya lo era previamente), sino los medios injustos. Luego, estos medios injustos, pero legitimados, pueden usarse para conseguir fines injustos, y entonces el beneficio práctico de corto plazo es opacado por un mal perpetuado.
Que no pretenda validar medios injustos no significa que no quiera conseguir fines justos; propongo una vía ciudadana, como la que el exmilitar venezolano Ronald Ojeda soñaba. Defender la libertad es mirar más allá, mirar más allá para no avanzar un paso y, con la misma fuerza con que ese paso fue dado, retroceder dos.